Después de diez días de huelga y más de cien de conflicto, con manifestaciones de 70.000 y de 100.000 personas y una gran creatividad de las movilizaciones que ha teñido de verde Madrid estos meses, la Consejería de Educación sigue sin sentarse a negociar. Se ha conseguido la contratación de más de mil interinos y queda atrás la denuncia del aumento de jornada lectiva. Pero lo más destacado de este movimiento es la toma de conciencia del colectivo sobre el ataque estratégico y planificado a la educación públicay su determinación para defenderla.
El gobierno Aguirre cometió un error de cálculo. Pensaban que con el apoyo de algunos medios de comunicación a su servicio y pequeñas propinas a tutores, TIC y jefes de departamento, iban a machacar al profesorado utilizando demagógicamente su jornada lectiva en tiempos de crisis. También calificó la movilización de “política” con el afán de desprestigiar la lucha de la comunidad educativa. Aunque efectivamente era una movilización contra la decisión “política” de su gobierno de deteriorar la educación pública para fortalecer la privada. También, porque la marea verde defiende un modelo público de excelencia para todos como apuesta política en el sentido más noble del término: la participación de la ciudadanía para mejorar la sociedad.
Pero la educación no ha sido un factor decisivo en la decisión de voto el 20-N. En el debate entre los candidatos apenas se abordó aunque había conflictos en varias comunidades. Influyó más la crisis, el hartazgo con el gobierno anterior y las vagas promesas. Ahora bien, las mayorías absolutas son engañosas. En el caso del PP, apenas representa el 30% del electorado, resultado adornado con una ley electoral que, además de injusta, supone un auténtico fraude. En Madrid, el PP ha perdido más de 30.000 votos -en su momento electoral más dulce- respecto al mal resultado de las generales de 2008. Es evidente que no les ha salido gratis la agresión y su intransigencia de no negociar. La mayoría absoluta del PP le puede generar un espejismo político que intente aprovechar para modificar la LOE. Sería un error otra nueva ley sin buscar un acuerdo de estado que dé estabilidad a la legislación educativa. Pero en política, muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos.
A pesar de la crisis, hay que estar con las recomendaciones del Consejo Escolar de Estado: incrementar la inversión educativa y elaborar una Ley de Financiación: si no invertimos hoy en escuelas, gastaremos mañana más en cárceles. También pasaría por reforzar la red pública y la educación inclusiva como eje vertebrador de todo el sistema para conseguir una sociedad democrática y cohesionada. La potenciación de la Formación Profesional con una oferta suficiente con el objetivo de formar buenos profesionales para empleos de calidad y no simple mano de obra barata. Una nueva normativa que obligue a una escolarización equilibrada, en tanto en cuanto haya dos redes, aunque la existencia de la doble red sostenida con fondos públicos cristaliza la desigualdad de oportunidades.
Como se mantendrá la ofensiva del PP contra la educación pública, la movilización es un camino que continuará. Lo que pretenden los neoliberales es lo que Harvey llama “acumulación por desposesión”, es decir, una estrategia privatizadora de lo que es de todos los ciudadanos. Para ello tienen que degradar lo público para vaciar las aulas de alumnado. Las líneas de acción futura serán más complejas pasando por la calle, la huelga, la acción legal (rechazo de las programaciones, reclamación de horarios, etc.) y la alianza con otros sectores.
Con mucha unidad y con el apoyo de toda la comunidad educativa para que el conflicto alcance su dimensión de conflicto social. Fomentando más la imaginación para que no se fracture el colectivo por el coste de las huelgas. Incorporando en mayor grado a infantil y primaria y a nivel de todo el estado. Y, especialmente, sumando a la universidad, golpeada por la política de Bolonia, la estrategia 2015 y el recorte de fondos, lo que acelera su proceso de privatización. Concertándose con otros sectores públicos y de trabajadores. Rajoy, con sus planes de ajuste, va a facilitar la continuidad de la movilización. Probablemente estemos ante un horizonte de huelga general la primera mitad de 2012.
Ahora bien, la enseñanza pública se defiende en la calle y de una segunda manera menos espectacular y más estratégica: con la calidad. Ello exige un mayor compromiso de la comunidad educativa. La mayoría del profesorado lo tiene claro: no hay más que reflexionar sobre la generosidad que supone el alto coste pagado por las huelgas y sobre las clases voluntarias de recuperación en 2º de bachillerato: descuento de haberes y, encima, horas extras gratis.
Todo centro educativo debería convertirse en un proyecto de alta calidad, de innovación pedagógica y didáctica; en un modelo de convivencia y participación democrática de toda la comunidad. Con la máxima exigencia en el cumplimiento de programaciones, objetivos, resultados académicos positivos y formación continua, aunque sea por cuenta propia. Con la cooperación entre el profesorado y con las familias, con el intercambio de buenas prácticas y abriendo los centros al exterior. Haciendo de las tutorías un instrumento clave. Desarrollando campañas de escolarización a favor de los centros públicos: ser defensores de lo público también significa ser sus usuarios y dar ejemplo de coherencia personal y de confianza en el sistema. Participando en los órganos colegiados y en equipos directivos competentes, democráticos y comprometidos con lo público y no sumisos con la administración.
En fin, que toda marea tiene su pleamar y su bajamar. Lo importante es que sea un organismo vivo, poderoso y que tenga una paciencia infinita para alcanzar objetivos consustanciales a su propia naturaleza. Pobre del gobierno que no sea capaz de distinguir entre la espuma y la marea.
(*) Agustín Moreno es profesor de Enseñanza Secundaria en Vallecas (Madrid). Fue secretario de Acción Sindical de CCOO de 1977 a 1996.
Extraido de Cuarto Poder
Geografía e Historia 